Es la historia canónica del enésimo abuso bancario. Un capitán de marina mercante y una dependienta de tienda de juguetes de Tarragona han podido recuperar unos 130.000 euros que habían perdido al invertirlos en acciones del Banco Popular. Es un caso de libro en el reguero de afectados por la fallida de la entidad financiera, en 2017, que aún colea.
El modus operandi es común en el agravio: perfiles trabajadores («ajenos a la contratación bancaria», como reza la sentencia) se fían de su director de confianza de sucursal y aceptan convertir sus ahorros a acciones, sin saber realmente lo que estaban firmando.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tarragona ha dado la razón a la pareja y ha condenado a la entidad a pagar esa cantidad de dinero. Durante varios años adquirieron diferentes acciones. El empleado de la sucursal le ofreció esa posibilidad al marido, diciéndole que era una buena opción para asegurarse la pensión. Él, «cercano a jubilarse, como confiaba en él» accedió a la contratación. Continúa la sentencia: «Nadie le informó del riesgo, ni de la falta de solvencia entre los años 2012 y 2017, y él no tiene ningún conocimiento de la materia, es marino, ha estado más de 50 años en el mar». Tampoco la mujer, ama de casa y en los últimos años con una tienda de regalos y muebles, estaba especializada en operaciones tan arriesgadas. Pero en la resolución judicial es especialmente llamativa la declaración de uno de los empleados de la banca. Admitió que los propios trabajadores no podían conocer «la falta de solvencia del banco» y que, en su caso, «le defenestraron y le mandaron a Valls, precisamente porque estaba en contra de todo aquello».
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