El Santander pierde en el Supremo los primeros casos por la ampliación de capital del Popular

El Banco Santander ha sufrido en el Tribunal Supremo sus primeras derrotas ante inversores que reclamaban la devolución del dinero invertido en la última ampliación de capital del Banco Popular previa a su intervención. En las últimas semanas, el Supremo ha dictado cuatro autos en los que ha rechazado sendos recursos contra sentencias de cuatro Audiencias provinciales que condenaban al banco a indemnizar a los clientes. Los recursos eran por “infracción procesal y de casación”, así como otro de queja, y el tribunal los ha inadmitido. Los inversores que pleitearon en estos casos recibirán el dinero que invirtieron en la ampliación de capital que el Banco Popular (posteriormente adquirido por el Santander) realizó en 2016 porque el Supremo declara firmes las sentencias a su favor.

Por los propios autos del Supremo se conocen tres de las cuatro cuantías reclamadas y ascienden a 247.316 euros: en la Audiencia provincial de Zamora se demandó por 126.269 euros; en la de Oviedo por 120.000 euros y en la de Barcelona por 28.047 euros. Los jueces consideran que hubo error en el consentimiento al suscribir las acciones.

Los casos son similares y en todos ellos el Supremo “declara firmes” las sentencias de las diferentes Audiencias. El Supremo no entra en el fondo de la cuestión, pero rechaza los recursos porque entiende que los motivos que alegaba el banco no eran válidos y los ha inadmitido. Fuentes del Santander declinaron hacer declaraciones sobre los autos del Supremo.

“Acreditada así, conforme a la base fáctica de la sentencia recurrida ―no revisable en casación―, la falta de veracidad de los datos del folleto informativo de ampliación de capital por no reflejar de manera fiel la situación contable del banco ―en términos de la sentencia recurrida, la información fue inexacta, incorrecta, incompleta e insuficiente―, el motivo resulta inadmisible”.

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Un matrimonio recupera 130.000 euros que perdió en acciones del Banco Popular

Es la historia canónica del enésimo abuso bancario. Un capitán de marina mercante y una dependienta de tienda de juguetes de Tarragona han podido recuperar unos 130.000 euros que habían perdido al invertirlos en acciones del Banco Popular. Es un caso de libro en el reguero de afectados por la fallida de la entidad financiera, en 2017, que aún colea.

El modus operandi es común en el agravio: perfiles trabajadores («ajenos a la contratación bancaria», como reza la sentencia) se fían de su director de confianza de sucursal y aceptan convertir sus ahorros a acciones, sin saber realmente lo que estaban firmando.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tarragona ha dado la razón a la pareja y ha condenado a la entidad a pagar esa cantidad de dinero. Durante varios años adquirieron diferentes acciones. El empleado de la sucursal le ofreció esa posibilidad al marido, diciéndole que era una buena opción para asegurarse la pensión. Él, «cercano a jubilarse, como confiaba en él» accedió a la contratación. Continúa la sentencia: «Nadie le informó del riesgo, ni de la falta de solvencia entre los años 2012 y 2017, y él no tiene ningún conocimiento de la materia, es marino, ha estado más de 50 años en el mar». Tampoco la mujer, ama de casa y en los últimos años con una tienda de regalos y muebles, estaba especializada en operaciones tan arriesgadas. Pero en la resolución judicial es especialmente llamativa la declaración de uno de los empleados de la banca. Admitió que los propios trabajadores no podían conocer «la falta de solvencia del banco» y que, en su caso, «le defenestraron y le mandaron a Valls, precisamente porque estaba en contra de todo aquello».

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Santander, condenado a pagar 32.000 euros a dos clientes por las ampliaciones del Popular

La entidad reflejó en sus documentos una imagen de solvencia que realmente no tenían.

El Juzgado de Primera Instancia Nº6 de Móstoles ha condenado a Banco Santander a indemnizar a dos clientes con 32.000 euros por las ampliaciones de capital que ejecutó Banco Popular antes de ser absorbido por la entidad que preside Ana Botín.

El Juzgado ha considerado que Banco Popular incumplió las obligaciones informativas impuestas por la Ley del Mercado de Valores. La condena se ha ejecutado contra Banco Santander debido a que esta entidad es ahora la responsable legal en todos los casos en los que participaba Popular.

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Dos hermanos recuperan 50.000 euros de acciones del Banco Popular

Los Juzgados de Primera Instancia número uno y número dos de Girona han dictado dos sentencias estimando la nulidad de sendos contratos de adquisición de acciones de Banco Popular. Los contratos fueron suscritos por dos hermanos de avanzada edad, clientes de toda la vida del Popular, en las ampliaciones de capital del 2012 y 2016. Santander tendrá que devolverles la cantidad de 50.000 euros.

La resolución del juzgado número uno está disponible aquí. La del juzgado número dos en este enlace. 

El titular del juzgado número uno detalla que la entidad no reflejó su imagen fiel en los folletos de ampliación de capital del 2012 y 2016.

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