Un socavón en la A-4. Una reclamación de poco más de 2.500 euros. Y una sentencia que, línea a línea, se convierte en un ajuste de cuentas judicial contra la desidia del Estado en la conservación de sus carreteras.
El magistrado Luis Alfredo de Diego y Díez, plaza 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, ha estimado íntegramente la demanda de la empresa Clazamar, S.L., contra el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El motivo: los daños que sufrió su vehículo, un Mercedes-Benz S 350 D 4MATIC, al reventar dos de sus neumáticos por culpa de un socavón en el kilómetro 394 de la A-4, a su paso por Córdoba.
La cuantía es modesta. La contundencia del fallo, no tanto.
Un accidente, muchas llamadas
Era el 4 de febrero de 2026. Las 18:30 de la tarde. El vehículo circulaba con normalidad cuando impactó contra un socavón que reventó los neumáticos delanteros y traseros del lateral derecho.
No fue un caso aislado. Ese mismo día, la sala de emergencias de la Guardia Civil de Córdoba recibió «múltiples llamadas» por socavones de grandes dimensiones que estaban dañando los neumáticos de varios vehículos en la zona.
La propia Unidad de Carreteras de Córdoba lo reconoció: el asfalto estaba «envejecido». El tráfico intenso y un episodio de lluvias hicieron el resto.
Había una señal de peligro por «perfil irregular» instalada desde 2021. Cuatro años avisando de un problema que nunca se resolvió de raíz.
El último pase del servicio de vigilancia había sido a las 06:50 de la mañana. El corte de carril por «reparación del firme» no se anotó hasta las 18:52, veintidós minutos después del siniestro. Tarde. Demasiado tarde, según el ponente.
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