El Banco de España recibió el año pasado 1.869 reclamaciones relacionadas con las conocidas como tarjetas revolving o de pago aplazado, una cifra que triplica la registrada en 2019 y que es la primera publicada tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que declaró usurario el tipo de interés de uno de estos productos en marzo de 2020.
La falta de documentación contractual de este tipo de tarjetas -copia del contrato suscrito e histórico de liquidaciones- fue la queja principal presentada por los usuarios al supervisor bancario respecto a las revolving, un aspecto que instigó 1.186 reclamaciones,
De hecho, esta denuncia específica fue la tercera que más volumen de reclamaciones generó el año pasado, solo por detrás de las vinculadas a los gastos de formalización de préstamos hipotecarios, que dieron lugar a 2.036 reclamaciones, y las relacionadas con operaciones fraudulentas con tarjeta, que generaron 1.942 quejas.
El apartado de tarjetas de crédito, débito o revolving fue el que mayor incremento relativo de reclamaciones registró el año pasado, por encima incluso de los préstamos hipotecarios, que siguen siendo el producto que más denuncias totales generó: 5.725 el año pasado. En 2020 se registraron 5.622 reclamaciones relacionadas con tarjetas bancarias, más del doble de las 2.619 anotadas en 2019.
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