El varapalo ha sido histórico. Y previsible, porque nadie esperaba otra cosa. En todas y cada una de las ocasiones en las que algún organismo europeo se había pronunciado sobre el tema, había dicho más o menos lo mismo: que el famoso modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero era contrario a la legislación comunitaria.
Además, como hemos explicado en Libre Mercado en los últimos años (por ejemplo, aquí y aquí), no estamos ante el típico caso en el que el Tribunal de Justicia de la UE matiza un artículo, retoca una norma o avisa a un país miembro de un pequeño incumplimiento. Ni ha sido un proceso, más o menos habitual entre Bruselas y los estados, en el que la Comisión haya advertido de que quizás uno de esos estados se estaba moviendo el límite de lo razonable. En este caso, lo que hemos visto ha sido una década de durísimas advertencias, amonestaciones y fallos. En pocas ocasiones se habrá encontrado un ministerio de Hacienda con tales calificativos y menos aún relacionados con una norma relativa a la lucha contra el fraude fiscal, un objetivo que también es prioritario para Bruselas.
Lo de este jueves ha sido simplemente el punto y final a un proceso que se inició hace ahora nueve años, cuando Alejandro del Campo, un abogado de Mallorca, de la firma DMS Legal Intelligence, junto con su colega Esaú Alarcón, denunciaron la normativa española ante las instituciones comunitarias. Desde el principio les dieron la razón. Y, como decimos, no fue por un poco; las palizas (judiciales) a las que han sometido al Gobierno español han sido de aúpa.
Este 27 de enero de 2022, el TJUE emitía el dictamen definitivo y era una enmienda a la totalidad de este controvertido modelo. Estos son los párrafos más importantes de la nota de prensa en la que se informaba sobre la sentencia:
"España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales"
Sobre la imprescriptibilidad: "Las opciones elegidas en materia de prescripción son desproporcionadas, puesto que permiten a la Administración tributaria proceder sin limitación temporal a la regularización del impuesto adeudado. La normativa adoptada por el legislador español, además de producir un efecto de imprescriptibilidad, permite también a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica".
Sobre la multa del 150% en la cuota resultante del IRPF por las cantidades no declaradas: "El Tribunal de Justicia señala asimismo que el tipo muy elevado de esta multa le confiere un carácter extremadamente represivo y que su acumulación con las multas de cuantía fija previstas adicionalmente puede dar lugar, en muchos casos, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100% del valor de sus bienes o derechos en el extranjero. Ello constituye un menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales"
Sobre las multas por errores formales: "La Ley española sanciona el incumplimiento de meras obligaciones declarativas o puramente formales mediante la imposición de multas de cuantía fija muy elevadas, ya que se aplican a cada dato o conjunto de datos; van acompañadas, según los casos, de un importe mínimo de 1.500 o 10.000 euros y su importe total no está limitado. El Tribunal de Justicia tiene en cuenta asimismo que estas multas pecuniarias fijas se acumulan con la multa proporcional del 150% y observa que su importe no guarda proporción alguna con el de las multas que sancionan el incumplimiento de obligaciones similares en un contexto puramente interno en España. Por consiguiente, esas multas pecuniarias fijas establecen una restricción desproporcionada de la libre circulación de capitales"
Minutos después de conocerse la sentencia, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba en rueda de prensa que en los últimos años ya no se estaban imponiendo estas sanciones y que el Modelo 720 continúa en vigor. Las dos son, como mucho, verdades a medias.
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