El Estado puede verse obligado a responder patrimonialmente ante un gran número de denuncias por parte de los afectados con hipotecas referenciadas al IRPH como consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite los asuntos relacionados con esta referencia, tras las sentencias de octubre en la que intentó sentar jurisprudencia. Tras esa resolución el alto tribunal español no ha esperado a rechazar casos a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclare nuevas cuestiones prejudiciales planteadas por dos jueces españoles sobre la transparencia del índice. Si el TJUE define que la falta de transparencia determina la abusividad del índice, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo puede ser demandada patrimonialmente por mal funcionamiento de la Administración de justicia y la responsabilidad de la indemnización recaería sobre el Estado.
Diferentes despachos de abogados que defiende a clientes bancarios con hipotecas IRPH esperan a esa aclaración para actuar contra el Supremo. “En función del recorrido que tengan las cuestiones prejudiciales ante el TJUE y la evolución de nuestra queja ante la Comisión Europea, estudiaremos la posibilidad de demandar por responsabilidad patrimonial al Supremo. Es intolerable que haya seguido inadmitiendo los recursos de casación sobre IRPH, en vez de suspender cautelarmente los procedimientos hasta conocer la respuesta del TJUE”, afirma Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
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