Banco Santander obligado a indemnizar con 600.000 euros a una clienta que invirtió en 'Valores Santander' por incumplir su deber de información

Nuevo revés judicial para Banco Santander por la comercialización de productos financieros complejos. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dado la razón a una clienta y su familia tras su recurso de apelación y ha condenado al Banco Santander a indemnizar con 600.000 euros los daños y perjuicios derivados de la contratación de los llamados ‘Valores Santander’, un producto financiero complejo que ya ha dado quebraderos de cabeza a más de un cliente que los contrató.

Así lo ha resuelto la sentencia 14/2026, de 8 de enero, facilitada por Auger Abogados y a la que ha tenido acceso NoticiasTrabajo en exclusiva, que ha revocado el fallo dictado en primera instancia y condena al banco a abonar 600.000 euros (que es lo que invirtió en 2007).

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LaLiga y Telefónica obligan a las VPNs Proton y Nord VPN a bloquear durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial

El mismo Magistrado Titular del Juzgado Mercantil de Córdoba que el pasado noviembre autorizo que LaLiga tenga acceso a la identidad de los clientes cuya dirección IP es detectada participando en la reproducción de partidos con AceStream, información que se emplea para enviar burofaxes recaudatorios, ha dado el visto bueno a la petición de LaLiga conjuntamente con Telefónica para obligar a determinadas VPN a que se sometan a los bloqueos de IPs durante los partidos.

Javier Tebas adelantó recientemente que anunciaría una resolución relacionada con las VPN, lo que encaja con la información que a primera hora de la mañana adelantaba elEconomista1 citando "fuentes conocedoras de la situación".

Según esta información, la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Córdoba habría dictado medidas cautelares para "paralizar temporalmente la actividad" de dos conocidas VPN: Proton y Nord VPN. La información era confusa, puesto que por una parte se hablaba del bloqueo del acceso a las VPN y por otra de una orden remitida a las compañías VPN.

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Nuevo varapalo a Hacienda: la Justicia impide dilatar las inspecciones a empresas sin motivación

El TSJM exige al Fisco argumentar toda prórroga en las comprobaciones del Impuesto sobre Sociedades para garantizar la seguridad jurídica.

La Justicia ha vuelto a quitar la razón a Hacienda. Concretamente, ha confirmado que el Fisco no puede dilatar los procedimientos de inspección a las empresas sin motivación alguna. Así lo confirma una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se detalla que "la ampliación del plazo debe ser comunicada al obligado tributario desde el instante mismo (..) en que la Administración Tributaria conozca (...) que se han producido las circunstancias determinantes de la modificación del plazo del procedimiento".

El TSJM explica que esta sentencia responde a un recurso interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid por una sociedad dedicada al asesoramiento, la consultoría, formación y enseñanza en el ámbito de las nuevas tecnologías. Esta entidad había recurrido previamente contra varios acuerdos de liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios de 2011, 2012 y 2013.

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La Audiencia de A Coruña condena a una entidad bancaria a pagar las transferencias no consentidas hechas desde las cuentas de un cliente

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de A Coruña condena a una entidad bancaria a devolver el importe de las transferencias no consentidas hechas desde las cuentas de un cliente. 

De esta forma, estima la demanda de reclamación de cantidad por responsabilidad contractual presentada por el perjudicado y condena al banco a abonarle en cada una de las tres cuentas en las que se realizaron los movimientos 157.023 dólares, 67.141 euros y 55.583 dólares, a cuyas cantidades se deberán sumar los correspondientes intereses moratorios, calculados desde el 23 de mayo de 2019.       

La parte apelante solicitó la práctica de prueba pericial de reconocimiento de voz, que fue admitida en segunda instancia, y argumentó que no se había acreditado fraude o negligencia grave por su parte. 

La sala, tras analizar los hechos y la normativa aplicable, concluye que la entidad bancaria no demostró que las operaciones de pago fueran autorizadas por el usuario, ni que este hubiera actuado con negligencia grave. 

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